05.07.10 - 00:57 -
PEDRO VICENTE blogs.nortecastilla.es/pedrovicente
En el fragor del pasado debate sobre el estado de la comunidad, y sin que la oposición socialista hubiera aludido al asunto, el presidente Herrera sorprendió a propios y extraños anunciando la oposición de la Junta a que el cementerio nuclear (ATC) se ubique en Castilla y León. Era un repentino cambio de posición ciertamente llamativo.
Tras haber permanecido de perfil en torno al asunto, sin posicionarse en contra e incluso animando a los ayuntamientos -como hizo la inefable consejera de Medio Ambiente- a que presentaran candidaturas, en vísperas del plazo que se había dado el Ministerio de Industria para elegir el emplazamiento la Junta se descolgaba manifestándose en contra. ¿En vísperas, he dicho, de que se decidiera la ubicación? No, realmente no era así, puesto que esa decisión quedaba en suspenso ante el acuerdo entre el Gobierno central y el PP nacional de negociar un pacto de Estado en materia energética. Por lo tanto, el cambio de posición de la Junta en realidad no se ha producido en vísperas de que se resolviera el asunto del ATC, sino justo antes de entablar una negociación en la que esa decisión se adoptará en función de otras piezas colocadas simultáneamente sobre la misma mesa. En concreto, y por lo que a Castilla y León afecta, la reconsideración del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.
Es más, a tenor lo manifestado por Mariano Rajoy, el mantenimiento de Garoña constituye la principal exigencia del PP para que dicho pacto salga adelante. Y oído el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no parece que el Gobierno esté cerrado a una posible marcha atrás en su decisión de cerrar dicha central. Habida cuenta del deterioro de la situación económica, del atasco en que se encuentran las energías renovables, de la deuda con las eléctricas y del interés de éstas por seguir explotando Garoña, todo apunta a que la vida útil de la central nuclear burgalesa va a ver prorrogada. Y esto es posiblemente lo que ha cogido por sorpresa a la Junta, que en un principio llegó a condicionar su posición sobre el ATC al cierre de Garoña, si bien más tarde, y en coherencia con la postura del PP, favorable a la energía nuclear, renunció a dicha condición y aceptó sin más la instalación del 'cementerio'.
Nadie esperaba, y Juan Vicente Herrera tampoco, que con el paso del tiempo Zapatero se viera en la necesidad de dar marcha atrás sobre el cierre de Garoña. Y que en dicha tesitura, y ante el rechazo político que el ATC genera en Cataluña, le viniera al pelo incluir en el mismo tique su ubicación en Castilla y León, cuyo Gobierno autonómico no ha venido manifestando objeción alguna al almacén nuclear. Y tendríamos así que desde la calle Génova se informa a la Junta de que el pacto energético en ciernes puede concluir con el 'rescate' de Garoña y la localización del ATC en nuestra comunidad autónoma.
Todo ello nos situaría ante un caso de mayúscula impostura política, consistente en cambiar inopinadamente de posición para no asumir la responsabilidad derivada de la que se ha mantenido antes creyendo que jamás se darían las circunstancias que obligaran a afrontarla. De otra forma no se explica esta sobrevenida oposición al cementerio nuclear, tanto por parte de la Junta como por la Diputación de Valladolid, que tan sólo 24 horas después abjuraba asimismo de su posición anterior, dejando tirados a los dos ayuntamientos de Tierra de Campos embarcados en esta aventura.
Han colaborado irresponsablemente a que Castilla y León comprara boletos en la tómbola del 'cementerio nuclear' y, cuando ven que nos puede caer el 'premio', salen diciendo que están en contra del sorteo. Otra vez que nos toman por imbéciles.
lunes, 5 de julio de 2010
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